
El Congreso tramita una proposición de ley para otorgar una baja por donación. El objetivo es proteger al donante. La diálisis tres veces a la semana en el hospital vale unos 60.000 euros al año
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Aumentar la donación de órganos por parte de donantes vivos y asegurar su protección sociolaboral es el objetivo que se han marcado el Gobierno, las sociedades médicas, las asociaciones de pacientes y los políticos ante el incremento de las enfermedades renales y hepáticas. En la actualidad, las personas que ceden un riñón o parte de un hígado en vida, que suelen ser de padres y madres a sus hijos o entre hermanos, y en edad laboral tienen problemas en el trabajo, hasta el punto de perder su empleo en algunos casos, al considerarse una intervención voluntaria.
“Conocemos casos de progenitores que han tenido que desplazarse a otra ciudad con su hijo para someterse a esta intervención y, cuando regresan a sus puestos de trabajo, les dicen que estas pruebas son voluntarias y que, como no estaban enfermos, no pueden aceptar la justificación”, relata Eva Pérez Bech, presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH). De ahí que se vean obligados a utilizar sus días de vacaciones o a pedir una excedencia, añade. “Hay casos en los que incluso han tenido que elegir entre seguir trabajando o someterse a la operación para salvar la vida de su hijo”, lamenta.
En España, 355 personas donaron en 2022 un riñón (350) o parte de su hígado (5) en vida, recoge el último informe de la Organización Nacional de Trasplantes. La actividad de trasplante renal de donante vivo representó el 10% del total, según dicho balance. Esta entidad, dependiente del Ministerio de Sanidad, espera alcanzar en 2023 la cifra de 50 donantes (de fallecidos y vivos) por millón de población; hoy se sitúa en 46,3. “Esta meta se habría logrado en 2020 de no ser por el Covid”, resalta el documento. Por comunidades, Cantabria y Navarra superan los 70 donantes por millón de población, mientras que Extremadura, La Rioja, País Vasco, Asturias y Canarias sobrepasan los 50.
La Sociedad Española de Nefrología avisa de que la enfermedad renal crónica es un problema importante de salud pública en España y el mundo. Su presidenta, Patricia de Sequera, señala que, según varios estudios, afecta ya al 15% de la población española. “Es alarmante porque hay una prevalencia alta y creciente, del 30% en la última década”, añade la también jefa de nefrología del hospital Infanta Leonor. Y fue la segunda afección al alza entre 2006 y 2016, tras el alzhéimer. En 2040 se prevé que esté entre las primeras cinco causas globales de muerte y en 2100, la segunda.
Influyen la mayor esperanza de vida, la hipertensión, la diabetes (la primera causa), la dieta inadecuada o el sedentarismo. Y es una carga para el sistema sanitario: supone el 3% del gasto. Se calcula que el coste de la hemodiálisis en el hospital (tres veces a la semana durante unas cuatro-cinco horas) es de unos 50.000-60.000 euros al año.
En tanto, uno de cada cinco españoles está en riesgo de padecer una dolencia hepática y ya es la tercera causa de deceso prematuro, según la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Además del alcohol, el estilo de vida es cada vez más determinante. Se espera que la propuesta se apruebe antes del Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, en junio.
Los especialistas aconsejan hacer ejercicio físico y tener una dieta saludable, que son las mismas recomendaciones para las personas que sufren enfermedades cardiovasculares. También medirse el nivel de azúcar en sangre o la tensión arterial si es diabético o hipertenso u obeso, además de mantener una ingesta de líquidos adecuada, no fumar y evitar la automedicación.
Las asociaciones de pacientes aprovecharon el Día Mundial del Riñón, celebrado el pasado 9 de marzo, para recordar la importancia de hacerse una revisión anual, analítica incluida, porque “es una enfermedad muy silenciosa y cuando se detecta está ya en una etapa muy avanzada”, alertan.